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México exige a EE.UU. una investigación exhaustiva por la muerte de un migrante en custodia fronteriza

La demanda mexicana resalta la vulnerabilidad de los connacionales en la frontera, potencialmente impulsando reformas en protocolos de detención y fortaleciendo la agenda de derechos humanos de Sheinbaum.
La demanda mexicana resalta la vulnerabilidad de los connacionales en la frontera, potencialmente impulsando reformas en protocolos de detención y fortaleciendo la agenda de derechos humanos de Sheinbaum.

El gobierno mexicano elevó este miércoles su voz de protesta ante Washington por la muerte de un migrante originario de Chiapas, fallecido bajo custodia de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en un centro de detención en Texas.

 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezada por Alicia Bárcena, exigió una "investigación rigurosa y exhaustiva" que esclarezca las circunstancias del deceso, reportado inicialmente como un "infarto" pero con evidencias preliminares de negligencia médica y condiciones inhumanas en las instalaciones.

 

Este incidente, el décimo en lo que va del año según Amnistía Internacional, ocurre en medio de un flujo migratorio récord: más de 2.5 millones de cruces indocumentados detectados en el año fiscal 2025 por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). 

 

La presidenta Sheinbaum, en un comunicado oficial, condenó el hecho como "una violación flagrante a los derechos humanos" y anunció el envío de una comisión consular para supervisar el caso, alineándose con su política de "humanitarismo sin fronteras".

 

Datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indican que el 40% de los migrantes detenidos en EE.UU. son mexicanos, y las muertes en custodia han aumentado un 25% desde la reelección de Trump, atribuible a recortes presupuestales en salud y hacinamiento.

 

Las implicaciones trascienden lo bilateral: este suceso podría galvanizar protestas en ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez, donde caravanas de migrantes esperan asilo, y presionar al Congreso estadounidense para revisar la Ley de Inmigración de 1996. 

 

En el ámbito doméstico, México acelera su Plan de Atención a Migrantes, invirtiendo 5 mil millones de pesos en albergues y programas de reinserción, pero críticos como el senador Ricardo Anaya argumentan que es insuficiente sin confrontar la "deportación masiva" prometida por Trump.

 

Analistas internacionales, como los del Council on Foreign Relations, ven en esto una oportunidad para que Sheinbaum lidere una coalición latinoamericana en la ONU contra políticas antimigratorias. Sin embargo, la respuesta de EE.UU. ha sido tibia, limitándose a una "revisión interna", lo que aviva temores de impunidad.

 

Este caso no solo humaniza la crisis fronteriza, sino que expone las grietas en la relación México-EE.UU., donde la cooperación en seguridad choca con reclamos éticos.

 

Si no se resuelve satisfactoriamente, podría derivar en boicots diplomáticos o demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afectando el T-MEC y el comercio bilateral, que supera los 800 mil millones de dólares anuales. La SRE ya prepara un informe para la próxima cumbre bilateral, urgiendo protocolos conjuntos.

 

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